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En Tabasco, federales torturaron y detuvieron a niñas de 1, 6 y 8 años con sus padres

Con información de Radio Fórmula

Agentes de la Policía Federal torturaron a tres niñas y a sus padres, tras ser detenidos de manera arbitraria en Tabasco, en 2015, informó el día de ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los elementos federales incurrieron en privación ilegal de la libertad, violaciones a los derechos humanos y actos de tortura contra la familia, acreditó la CNDH en una recomendación emitida a la Procuraduría General de la República (PGR) y al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia.

El pasado 6 de noviembre de 2015, alrededor de las 13:30 horas ocurrieron los hechos, de acuerdo con la investigación que realiza el organismo nacional. Los agentes federales llegaron al domicilio ubicado en el municipio Centro, de Tabasco.

De acuerdo con la investigación que realiza el organismo nacional, el pasado 6 de noviembre de 2015 alrededor de las 13:30 horas llegaron los agentes federales al domicilio ubicado en el municipio Centro, de Tabasco, donde la mujer, el esposo y las tres hijas fueron arrestados por policías federales, quienes además sustrajeron diversos artículos de la casa.

La esposa relató que los policías subieron a su marido a una patrulla, mientras que ella y sus hijas -que entonces tenían uno, seis y ocho años- fueron obligadas a abordar su propio vehículo; les cubrieron el rostro con “gorras” y las amenazaron con dispararles.

Fueron trasladadas a un sitio donde escucharon los gritos de su esposo provocados por los golpes propinados por los policías.

Contó la mujer que cuando estuvieron privadas de la libertad, a las niñas no se les permitió ir al baño, por lo que realizaron sus necesidades fisiológicas en su ropa y tampoco se les proporcionaron alimentos.

Las cuatro fueron abandonadas al día siguiente a las 13:00 horas en una carretera del estado y les advirtieron que, si denunciaban lo ocurrido, les causarían daño.

En ese entonces, su esposo laboraba en la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) junto con un compañero de trabajo y ahora ambos enfrentan un proceso penal por su probable responsabilidad en delitos del orden federal.

Tras realizar diligencias, la CNDH acreditó que la mujer y las niñas fueron privadas ilegalmente de la libertad, luego de comprobarse que no habían cometido delito alguno y con su detención se creó un acto de molestia que no estuvo fundado ni motivado por parte de la autoridad responsable.

El organismo nacional refirió que existen evidencias suficientes que acreditan que el padre de familia fue detenido de forma arbitraria, pues en caso de que se le impute algún ilícito, no se cumplieron los requisitos constitucionales establecidos para llevar a cabo su aseguramiento, además tardaron 27 horas para ponerlo a disposición del Ministerio Público federal.

Las amenazas proferidas en contra de las niñas y su madre, las privaciones a las que fueron sometidas y exponerlas a escucha los actos de tortura en contra de su familiar, que les causó daño emocional, fueron acreditados por la CNDH como actos de tortura.

Además, se les vulneraron los derechos relativos a una vida libre de violencia y al interés superior de la niñez que no fueron observados por los servidores públicos de la Policía Federal al momento del arresto.

La Comisión concluyó que el esposo de la denunciante fue agredido física y psicológicamente para que aceptara los cargos que se le estaban imputando.

Por su parte, la PGR no ha tomado cartas en el asunto para investigar los actos cometidos en contra de las víctimas, incluso un funcionario de la dependencia proporcionó información errónea a la CNDH, según el portal Sin Embargo.

La CNDH solicitó al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR instruir para que continúe con la investigación de los hechos.

Al Comisionado Nacional de Seguridad se le pide reparar de forma integral los daños ocasionados a las personas afectadas, que incluyan una compensación, atención psicológica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.

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